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La necesidad de brindar protección social a las y los trabajadores en domicilio tomó especial relevancia durante la pandemia de COVID-19 y los cierres posteriores. En los primeros días de la pandemia, los trabajadores experimentaron pérdidas de empleo a gran escala, ya que los empleadores de las cadenas de suministro nacionales e internacionales retiraron los pedidos y dejaron de trabajar sin pagar las compensaciones debidas. Para los trabajadores en domicilio por cuenta propia, los clientes desaparecieron y el trabajo se diluyó, lo que produjo que perdieran sus ingresos.
Protección social es un derecho humano y un derecho laboral consagrado en las normas de derechos humanos y en las normas internacionales del trabajo. Es un conjunto de políticas y programas que, si se diseñan bien, pueden prevenir y reducir el impacto de los riesgos para la seguridad de los ingresos de los trabajadores a lo largo de sus vidas.
Los sistemas de protección social generalmente excluyen y / o brindan una protección limitada a los trabajadores en domicilio. Por lo tanto, a menudo se ven excluidos de estas leyes, políticas y programas de protección social, ya que no se les reconoce como una categoría distinta de trabajadores. Estos son algunos de los problemas que enfrentan las y los trabajadores en domicilio en el acceso a su derecho a la protección social:
